El desalojo de una mujer de 87 años en Madrid ha convertido un conflicto de vivienda en un debate sobre alquileres, protección social, actuación policial y responsabilidad institucional
Maricarmen Abascal tiene 87 años y llevaba 71años viviendo en el mismo piso del barrio madrileño de Retiro. El pasado miércoles, agentes de la Policía Nacional ejecutaron el desahucio después de varios intentos anteriores. La mujer salió de su vivienda en una camilla y fue trasladada a un hospital. Posteriormente, se informó que permanecería temporalmente con familiares.
Maricarmen. FOTO: EL DIARIO, EUROPA PRESS 2026.
Su historia comenzó en 1956, cuando su padre alquiló la vivienda. Durante décadas, el piso se convirtió en su hogar. Sin embargo, el inmueble cambió de propietario y la empresa Urbagestión planteó una subida del alquiler desde los 600 euros que pagaba hasta entonces hasta 2.650 euros mensuales, una cantidad que superaba ampliamente su pensión. El conflicto no se resolvió con la negociación. Durante meses, colectivos de inquilinos y distintas administraciones intentaron evitar el desalojo. También se plantearon alternativas habitacionales, entre ellas una plaza de emergencia en una residencia ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid, misma que Maricarmen rechazó.
Un desahucio convertido en símbolo
Lo ocurrido con Maricarmen rápidamente dejó de ser únicamente un proceso judicial. Decenas de personas se juntaron frente al edificio para intentar impedirlo. La intervención policial duró varias horas y terminó con el desalojo de los manifestantes. Posteriormente murieron criticas sobre las acciones de algunos agentes. La Delegación del Gobierno en Madrid anuncio una investigación después de difundirse imágenes de la intervención. Según su delegado, Francisco Martín, algunas de esas imágenes mostraban actuaciones que debían ser examinadas.
Los sindicados policiales, por su parte, defendieron que los agentes actuaron para cumplir una orden judicial y reclamaron que cualquier investigación analizara el conjunto de las órdenes recibidas y no únicamente de imágenes aisladas.
La vivienda entra en el debate político
El caso también ha provocado un enfrentamiento entre administraciones. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que pretende acelerar un nuevo decreto de vivienda y ha pedido apoyo parlamentario para aprobarlo. Sánchez calificó el caso como una "tragedia social". Mientras tanto, representantes de otras administraciones han defendido que el desahucio fue ejecutado por orden judicial y han señalado las competencias que corresponden a cada institución.
El debate, por tanto, no tiene una única respuesta. En él intervienen propietarios, inquilinos, jueces, administraciones y cuerpos policiales, cada un con responsabilidades y competencias diferentes. Pero el caso de Maricarmen deja una imagen difícil de ignorar: una mujer de 87 años abandonando la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas.